estigmadecainLa Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima evaluó en audiencia virtual la apelación que interpuso la fiscalía contra la decisión del juez Víctor Zúñiga, quien se negó a suspender las actividades partidarias de Fuerza Popular e impuso vigilancia judicial a dicha agrupación.
En representación de la Ministerio Público, el fiscal superior Wilfredo Mendoza, pidió que se desestime el fallo del juez Víctor Zúñiga y que acoja el pedido de la fiscalía para suspender por dos años a Fuerza Popular, implicada en las investigaciones por los aportes a las campañas de Keiko Fujimori.
Precisó que, si bien la medida de vigilancia judicial permite solicitar información financiera sobre Fuerza Popular, no garantiza el riesgo de que se vuelva a emplear a esta organización política para el ingreso de recursos maculados.
Recordó que, de acuerdo a la tesis fiscal, dentro de Fuerza Popular hubo una organización criminal que uso a este partido para el lavado de activos.
Christian Salas, abogado de Fuerza Popular, a su turno, pidió que se desestimen los argumentos que llevaron al juez Zúñiga a sustentar su medida de vigilancia judicial para el partido.
A su criterio, el hecho de que la fiscalía haya incorporado nuevas disposiciones de investigación en este caso desde junio de 2020, en que se solicitó la suspensión temporal por dos años, muestra que no se habría contado con elementos de convicción suficientes.
Tras escuchar los argumentos de las partes, el magistrado Iván Quispe Aucca, presidente de esta sala, dijo que la apelación formulada por la Fiscalía entra en debate y la decisión que se tome será notificada a las partes en sus domicilios fiscales.
El plazo para tomar la decisión, según dijo, será razonable, atendiendo la documentación presentada por las partes y la revisión de los antecedentes comprendido en este caso.
El juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, declaró infundado el pasado 28 de diciembre el pedido del fiscal José Domingo Pérez para suspender las actividades políticas del partido Fuerza Popular.
En su segunda disposición, impone al mismo tiempo a Fuerza Popular, como medida alternativa, el sometimiento a vigilancia judicial por un plazo de dos años.
