estigmadecainEl ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, aclaró hoy que en ningún momento solicitó la destitución del procurador general del Estado, Daniel Soria, como publicaron algunos medios de prensa.
“Yo nunca pronuncié la expresión destitución del procurador, la revisión de su expediente sí, porque se presentaron denuncias en medios y redes sobre ese hecho”, sostuvo en conferencia de prensa.
Frente a esas denuncias, explicó, correspondía derivar el caso a la Contraloría para el análisis respectivo; permanecer sin hacer nada, dijo, hubiera implicado recibir algún tipo de sanción.
“En síntesis, nunca he dicho que lo voy a destituir, el asunto fue derivado a una institución autónoma e independiente como es la Contraloría”, señaló tras descartar, a su vez, que el abogado del presidente Pedro Castillo le hubiera solicitado el retiro de Soria.
El ministro de Justicia expresó, además, su disposición de explicar esta situación ante alguna comisión del Congreso o el propio pleno, al recordar que el Poder Legislativo tiene toda la facultad para ello.
Consultado sobre una diligencia fiscal en la casa de Breña, recordó que las autoridades tienen plena libertad de acciones en sus investigaciones, y desde el Ejecutivo se han brindado todas las facilidades.
Además, sostuvo que la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro está siendo vista por la Contraloría, por lo que no podría pronunciarse al respecto.
Balance y proyecciones
En la conferencia de prensa, Aníbal Torres ofreció el balance de gestión 2021 y las perspectivas para el 2022 del sector Justicia y Derechos Humanos.
Por ejemplo, mencionó que se aceleró los procesos de extradición activa y pasiva con 110 solicitudes de extradición y traslado de personas condenadas. También refirió que el 97% de la población penitenciaria cuenta con dos dosis de la vacuna contra la covid-19.
Dijo, además, que en cumplimiento del compromiso con los derechos humanos, la Defensa Pública realizó cinco megacampañas en las que se brindaron 83 mil 175 atenciones legales a ciudadanos de escasos recursos económicos y/o en situación de vulnerabilidad.
Como proyecciones para el 2022 figura culminar con la aplicación de la vacuna en el 100% de la población penitenciaria y de adolescentes en centros juveniles de todo el país, y atender con reparaciones colectivas a 585 comunidades y organizaciones de desplazados del periodo de violencia de 1980 al 2000, con una inversión de 58,5 millones de soles.
También se otorgarán reparaciones económicas a 351 víctimas de la violencia, estimándose un avance de más de 99% del total de personas acreditadas en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Asimismo, estimó que en el segundo semestre del 2022 se aprobará la Primera Política Nacional de Derechos Humanos al 2030.
